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Reflexionaba yo el otro día con los alumnos de último curso del doble grado de Derecho y Ciencias Políticas sobre el principio más mentado de nuestro ordenamiento.
Y les decía que el Tribunal Constitucional considera que la presunción de inocencia debe producir dos efectos: como regla de juicio (lo que implica que la acusación es la que ha de probar la culpabilidad) y como regla de tratamiento (al investigado se le ha de tratar como inocente).
La primera regla, en mi opinión, se cumple en términos generales; pero la segunda considero que se incumple sistemáticamente. No hay más que ver los términos que suelen utilizarse por la opinión pública y los medios de comunicación: “presunto homicida”, “presunto violador”… y nos parecen respetuosos con la Presunción de Inocencia, porque coloca la palabra “presunto” delante, aunque en realidad lo que están suponiendo es la culpabilidad. No la afirman, pero la presumen.
Pero es que si analizamos el trato que se dispensa al investigado, nos costaría mucho entender que a un inocente le puedan afectar, por ejemplo, diligencias que vulneren sus derechos (como su integridad, su intimidad, la inviolabilidad de su domicilio o el secreto de sus comunicaciones) o se le impongan medidas cautelares restrictivas de derechos, llegando incluso a privarle de su libertad (como ocurre con la prisión provisional).
A una persona que es considerada y tratada como inocente no se le investiga, ni se le acusa ni se le sienta en el banquillo para juzgarle. Todo ello conlleva para el implicado un importante coste económico, temporal y sobre todo anímico.
Y no digo que no deba procederse de tal forma con los sospechosos de haber cometido un delito. Pero quizá se nos llena la boca con excesiva facilidad hablando de esta garantía constitucional, de esta conquista del Estado de Derecho y puede ser que el alcance que tiene en realidad sea mucho menor del que le atribuimos.
Damián tiene 14 años. Consume marihuana sintética.
Aprovecha que su padre pasa toda la semana fuera, de viaje.
No se levanta cuando suena el despertador para ir al instituto.
Le pide dinero a su madre, y si no se lo da, destroza cosas. Hasta que lo consigue.
El último dÍa decidió arrancar las cortinas del salón.
Cuando su madre intenta retenerle el móvil, forcejea con ella y la empuja.
Pero ella no se atreve a denunciarle. No quiere verlo encerrado.
Bogomil tiene 17.
Sus padres rondan los 60.
Fue adoptado en Bulgaria.
Creen que padeció el síndrome de alcoholismo fetal.
Sus padres, ambos maestros, siempre se han movido mucho.
Han hablado con casi todo el mundo. Pero su hijo se les escapa de las manos.
Les ha robado innumerables veces. Desaparece de casa y nunca saben cuando va a volver.
Al final han llegado a las manos. Les ha pegado a ambos. Y ellos también a él.
Ya no lo quieren en casa.
Les sobrepasa la situación y las fugas constantes.
Mateo acaba de cumplir 18. Su padre murió hace 6 años.
Su madre no supo lidiar con el duelo, y él estuvo varios años no solo huérfano de padre sino también de madre.
Cuando ella pudo retomar las riendas de su vida familiar, Mateo ya había hecho su propio camino.
Quiere gestionar él su pensión de orfandad y ha llegado a coger del cuello a su madre cuando ella no le da lo que él considera que le corresponde.
Por la noche, la busca y la abraza.
Los tres son casos reales.
A los tres los asistí la semana pasada en la fiscalía de menores con motivo de las respectivas denuncias que sus padres habían formulado contra ellos.
Ninguno de los tres son monstruos.
Son chicos con los que pude razonar, que entendieron la situación, y que no reaccionaron violentamente cuando se vieron denunciados por sus propios padres.
En España, hay cerca de 15 denuncias diarias por hechos similares.
Y eso que es un delito con un número oscuro muy elevado, es decir, que solo se denuncia cerca del 15% de los hechos producidos.
La violencia filio parental es un fenómeno in crescendo en España.
Desciende el número global de expedientes abiertos en fiscalía de menores, pero sin embargo, cada vez son más las detenciones por agresiones de hijos a sus padres.
De los menores detenidos por tales motivos, cerca del 70% son chicos, aunque es de los delitos más habituales entre los cometidos por las chicas.
Tales conductas dan lugar a expedientes de menores pero también a procedimientos de adultos, si el joven tiene ya la mayoría de edad y sigue conviviendo con los padres.
Y en qué consiste la violencia filio parental?
No solo se refiere a las agresiones. También incluye conductas que causan miedo en los progenitores, con el objeto de obtener poder y control sobre ellos, utilizando la violencia física, psíquica o económica.
Tales conductas, según los expertos, suelen estar relacionadas con el estilo educativo de los padres, tanto con el estilo permisivo como el autoritario/agresivo.
Incluso también se da en el ausente/negligente.
Son más frecuentes en familias monoparentales, y también cuando el menor padece una problemática psíquica o una adicción a drogas.
Se dan, sin embargo, en familias con todo tipo de capacidad adquisitiva, no son características de ámbitos de carencia económica.
Cuando asistí a los tres jóvenes, fue inevitable preguntarme cómo habían llegado a dicha situación.
Sin embargo, es muy complejo encontrar la respuesta. Evidentemente hay una parte de responsabilidad de los menores, que en ocasiones adoptan posturas tiranas, egoístas, y en los cuales es frecuente una falta de control de sus impulsos y una actitud de desconsideración hacia todo lo que proviene de sus padres.
Pero no puede obviarse que también hay una parte de responsabilidad que les corresponde a los progenitores, que han actuado desde la infancia, quizás, con un planteamiento proteccionista y excesivamente laxo, olvidando poner límites a las actitudes y conductas disruptivas del hijo, que con la edad han ido incrementándose.
Que han utilizado, en definitiva, estrategias educativas inadecuadas.
Sin embargo, no se trata de buscar culpables.
Ser padre es un trabajo en ocasiones muy arduo, y nadie nos da el manual de instrucciones de nuestro hijo al nacer.
Yo, que como abogado soy agente interviniente en la administración de justicia, creo que la solución no está en la vía judicial.
Que la intervención ha de venir antes. Que deben potenciarse las escuelas de padres y otros recursos ya existentes de intervención familiar, que conviene trabajarlo también en los centros escolares. Hay cada vez más entidades trabajando en este ámbito.
A veces es complicado porque los padres no lo visibilizan por vergüenza. Cuando se judicializa el tema normalmente el problema ya está muy enquistado.
Sin embargo, una vez se llega a la denuncia, hay que conocer qué respuesta da la justicia.
Lo primero es que se inicia un procedimiento judicial por el delito comúnmente llamado de violencia doméstica, que se encuadra dentro de los delitos contra la integridad moral.
No se les enjuicia, sin embargo, por romper el mobiliario de sus padres (Damián había llegado a tirar dos televisores por la ventana como forma de presionar a su madre para que le entregara dinero), ni por robarles (Bogomil intentó forzar la caja fuerte de sus padres y ante la imposibilidad de abrirla, se la llevó para que se la abriera un colega).
Porque, aunque nos cueste de entender y no encontremos explicación para ello, nuestro Código Penal contempla la excusa absolutoria, es decir, que
no existirá responsabilidad penal del autor de un hecho delictivo en los delitos patrimoniales entre familiares, salvo que concurra violencia o intimidación.
Pero el maltrato respecto a los padres sí dará lugar a un procedimiento penal, dentro de la jurisdicción de menores, al ser el autor de mismo un menor de 18 años.
Y ese proceso puede terminar en la imposición de una medida por parte de un juez, de obligado cumplimiento, pero con un contenido educativo.
Esa medida puede ser de muy distinta naturaleza:
Puede consistir en un Internamiento en centro de menores, o una medida de medio abierto.
Dentro del medio abierto, las más habituales para este tipo de delitos son la Libertad Vigilada y la Convivencia con Grupo Educativo.
La primera consiste en que el menor, que sigue viviendo en casa, ha de reunirse periódicamente con un profesional,
que establece un plan educativo con una serie de objetivos.
La Convivencia con grupo educativo, que implica que el menor sale del domicilio familiar para que pueda trabajarse de forma separada el conflicto que ha llevado a la violencia hacia sus padres.
La decisión de si el menor debe ser internado o no la tomará el juez basándose en las circunstancias y las necesidades del menor.
Soy consciente de que en estos casos es necesaria la intervención externa, pero creo que es mucho más efectiva en la mayoría de los casos si se enfoca como refuerzo de lo positivo que existe en la relación paternofilial, que como castigo. Y así se trabaja en medio abierto, por ello, soy un férreo defensor del mismo.
Lo ideal es trabajar el conflicto en su contexto, y éste es el ámbito familiar. Y aunque la medida se le impone al menor, la intervención ha de incluir necesariamente a los padres, porque solo con su participación será posible empezar a poner soluciones.
Tenemos en general la impresión de que todos los adolescentes siguen un mismo patrón. Que se uniformizan. Sin embargo, muy recientemente cambió mi opinión.
Esta semana, el compañero Nacho Sánchez y yo dimos una charla a dos grupos en un centro público integrado de formación profesional de Valencia. Los oyentes tenían entre 15 y 19 años.
El objetivo de la charla era acercarles el mundo penal, que conocieran de forma directa y práctica las conductas que son delito y qué consecuencias pueden tener para ellos. Desde las dos perspectivas: como infractor y como víctima.
Nacho y yo decidimos hacerlo de forma abierta, respondiendo a todo lo que quisieran preguntar sobre el tema. Y el resultado, por la gran variedad de las consultas, fue una auténtica sorpresa.
Nos formularon muchas dudas acerca de la diferencia entre el autoconsumo y el tráfico de drogas. Les costaba mucho entender que la droga es una sustancia ilegal y que, por tanto, la tenencia para el consumo propio está sancionada por vía administrativa.
Pero también algunos de ellos nos hablaron de sus experiencias como víctimas de ciberacoso.
Otras estaban interesadas en saber la edad en la que se puede prestar un consentimiento válido para mantener relaciones sexuales, y todos se quedaron muy sorprendidos al conocer que el Código Penal entiende que por debajo de los 16 años el consentimiento es irrelevante, no tiene validez.
Hablamos también sobre el ciberbaiting (acoso virtual a los profesores) y del sexting. La mayoría nos confirmó que habían recibido por el móvil una foto que no iba dirigida a ellos de un tercero con contenido sexual. Les advertimos que es delito el reenvío de tales imágenes.
Algunos conocían bien la diferencia entre las medidas impuestas a los menores que cometen delitos (como la libertad vigilada) y las penas de los adultos. Lo que la mayoría no sabían es que una medida de internamiento cerrado de menores puede acabar cumpliéndose en la cárcel.
Pero lo que nos dio la posibilidad de hablar realmente en la práctica de las consecuencias de las infracciones penales fue que justo antes de iniciar la segunda sesión con otro grupo de adolescentes, llegó la policía para buscar a dos de las alumnas sospechosas de haber sustraído una mochila y se las llevó detenidas! . Eso nos permitió tratar con sus compañeros las consecuencias reales e inmediatas que tiene cometer un delito. A veces la realidad nos escribe el guión.
Reconozco que me ha afectado el tema del a manada, pero lo que más inquietud me ha producido ha sido la reacción popular generalizada a la sentencia. Salvo excepciones, lo que he constatado en medios de comunicación, en redes sociales y en las opiniones personales, ha sido un rechazo absoluto a la resolución judicial e indignación por considerar insuficiente la pena y que la sentencia atenta contra la dignidad de La Mujer. Mi percepción ha sido una petición generalizada de Venganza en nombre de la Justicia. Parece que todo el mundo se erige, no solo en Juzgador (la mayoría, implacables y sin ningún miramiento para la Presunción de Inocencia o el Derecho de Defensa) sino también en Legislador (instando a un endurecimiento inminente de las penas para estos delitos, pidiendo una reforma en caliente, a golpe de titular y de hecho mediático). Todos sabemos que la ignorancia es atrevida. Y peligrosa. En este caso, en vez de un análisis riguroso y sensato, que creo que es lo que exige una materia tan delicada y tan trascendente como ésta y que esoy convencido de que permitiria sacar conclusiones beneficiosas para el futuro, me he encontrado en muchas de las manifestaciones contra la sentencia, una seria distorsión de la información, producida tanto por la falta de fiabilidad de muchas de las fuentes, como por un análisis superficial y poco cuidadoso de la información. Una sentencia de 370 folios (incluyendo el voto particular) es ardua de leer (he de reconocer que a mi me ha llevado muchas horas su lectura y comprensión), pero es muy rápido hacer nuestros un tuit, un meme, las consideraciones de un tertuliano o una consigna. Y digo esto porque estoy convencido de que quien se ha leido la sentencia no podrá decir que los magistrados van en contra del “no es no”, ni del “yo sí te creo”, porque la condena se basa en darle una credibilidad sin fisuras a la joven. Otros eslógans como “esta sentencia sí es violencia” creo que son difamatorios e irresponsables.
Explorando un poco más a fondo, me encuentro con que masivamente quien escribe, reenvía, se indigna y en bastants ocasiones menosprecia la sentencia, no se ha ha leido!. En una materia tan trascendente me parece irreponsable ´tocar de oído´. No digo que haya que ser experto, los legos tienen el mismo derecho a dar su opinión, pero creo que sí es necesario documentarse adecuadamente.
Pero es que ni siquiera los que hemos leido la sentencia, podemos hacer un juicio de valor sobre la misma, porque no hemos conocido las pruebas que se han practicado en el acto de juicio, que son las únicas que nos permitirían formar un criterio minimamente sólido. (principalmente la declaración de la joven y los vídeos aportados).
El error está, en mi opinión, en esperar que los jueces de este procedimiento, en vez de dictar una sentencia una vez valoradas las pruebas concretas de este caso, aplicando la ley según su leal saber y entender, emitan un tratado ejemplarizante y genérico sobre el machismo y la violencia contra la mujer. No es su cometido.
Respecto al escándalo generado por lo exiguo de la pena, echo en falta un análisis profundo sobre lo que significan 9 años de privación de libertad, si hay un mayor resarcimiento a la víctima por el hecho de que se impongan 23 años en vez de 9, si se es consciente de que la pena impuesta es un año menos que la mínima del homicidio, y dos años menos que la tan reclamada violación (término que parece reivindicarse y yo considero que debería desterrarse por estigmatizador para la víctima, lo q ue dificulta su recuperación) y si la solución a este conflicto pasa por la imposición de penas tan obstaculizadoras de la reinserción.
En mi opinión no cabe sostener de forma seria tesis, como las que se esconden en muchísimas de las manifestaciones efectuadas estos días: que por el hecho de ser una mujer, haya sido violada; por el hecho de ser una mujer haya que darle una credibilidad ciega; por el hecho de haber denunciado haya que entender automáticamente probados los hechos, y que el hecho de mantener relaciones sexuales con cinco varones significa necesariamente que no hay consentimiento.
Quien se ha leido la resolución judicial es plenamente consciente de que aquí no se ha juzgado a la víctima, y se la ha tratado, como no puede ser de otra forma, con exquisito respeto, pero es obvio que para dictar una sentencia es necesario efectuar un análisis pormenorizado de las pruebas, y en este caso, la principal y casi única prueba de cargo es el testimonio de la denunciante, por lo que no cabe eludir su valoración. Nuestra jurisprudencia es garantista al máximo, puesto que el Tribunal Supremo es firme y constante a la hora de mantener que basta con el testimonio de la víctima para dictar sentencia condenatoria. Pero creo que todos estaremos de acuerdo que para condenar hay que probar primero. Otra manipulación de la sentencia atribuible a un desconocimiento de su contenido es que es necesario resistirse para que exista intimidación. Ni el Tribunal Supremo ni esta sentencia mantienen esa tesis sino la contraria, y se hace constar de forma expresa.
La repercusión brutal que desde el principio ha tenido este asunto en la opinión pública, retroalimentada por los medios de comunicación, que han decidido exprimir la información hasta un límite absolutamente innecesario y hasta grotesco, generando una verdadera intoxicación informativa, provocando el morbo y jugando en muchas ocasiones con la sensibilidad social, lo que ha ha desembocado en un auténtico y peligrosísimo Juicio Paralelo. A los acusados se les ha juzgado y condenado mil veces en los medios. Y frente a ello, creo que la decisión judicial ha sido meditada y fundamentada, además de valiente. Porque no nos engañemos, aquí lo fácil hubiera sido condenar al máximo sin miramientos. Tal decisión hubiera generado una acogida social mucho más favorable, desde practicamente todos los ámbitos. Estamos hartos de escuchar la frase “respeto la decisión judicial”, pero visto está que las respetamos en tanto en cuanto sean acordes con nuestras ideas. Y yo creo que la generalidad de la gente no es consciente de la presión que ello genera en los jueces hasta generar la paradoja de que parezca que son ellos los enjuiciados si sus resoluciones no se entienden o no son acordes con el sentir popular.
Para mi la gravedad radica, no en la expresión del parecer de cada uno,que por supuesto es legítimo y beneficioso para la sociedad, sino que esa indignación desinformada, demagógica y masiva genera cambios sociales, políticos y legislativos enfocados a un endurecimiento de la norma penal y una restricción de derechos innecesaria y en mi opinión, contraproducente.
Es una lástima no aprovechar esta oportunidad para hacer una reflexión serena que nos permita avanzar (en comprensión, en derechos, en respeto) en vez de retroceder.