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Tengo un cliente que es denunciado por una agresión.
Me llama un sargento de la Guardia Civil y me dice que no lo localizan y que necesitan tomarle declaración.
Me dice que si comparece voluntariamente no le dejarán detenido.
En el transcurso de la conversación, me dice que se le preguntará por otros asuntos que están investigando respecto a él, al parecer su implicación en un robo.
Yo le insisto en el compromiso de que saldrá por su propio pie del cuartel una vez realizada la diligencia de declaración y me confirma que sí.
Me coincide con un señalamiento judicial que se retrasa y envío a mi compañero de despacho con el cliente, diciéndole a éste: «tranquilo, vas a salir en libertad, porque tengo la palabra del sargento».
Al salir de mi juicio, tengo varias llamadas perdidas del compañero.
Le llamo y me dice que el sargento accede a darle la libertad a mi cliente si éste permite de forma voluntaria una entrada y registro en su casa.
El cliente no quería pasar la noche en el calabozo y está dispuesto a acceder (a pesar de que el compañero me dice que es posible que encuentren cosas en la vivienda. Es de las personas que viven solo el presente). Le pregunto al cliente si confía en mi y me deja actuar según mi criterio, y me autoriza.
Le pido que me ponga al teléfono al sargento de la Guardia Civil y éste me dice que él le hace el favor de la libertad y mi cliente el favor de evitar pedir autorización judicial para el registro.
Entonces le digo al sargento que «me ha engañado, que se había comprometido a darle la libertad si comparecía voluntariamente y no ha cumplido, que mi cliente tiene derecho a negarse a la entrada y registro y que condicionar su libertad a que acceda es una coacción. Y por ello, mi cliente se niega (a pesar de que el cliente estaba dispuesto) y que yo me veo obligado a presentar, además de un habeas corpus (que parece preocuparle poco al sargento) una denuncia por coacciones».
Y realmente estaba dispuesto a hacerlo, porque entendía que eso es lo que era: obligaba a mi cliente a hacer algo que no quería.
El sargento me dice que haga lo que tenga que hacer y me cuelga.
A los pocos minutos me llama mi compañero diciéndome que el cliente ha quedado en libertad.
A día de hoy, la entrada y registro no se ha producido.
Aún así, me quedan dudas.
¿Creéis que mi actuación fue adecuada? Pensáis que podía o debía haber actuado de otra forma?
Hace unos días tuve la fortuna de intervenir como ponente en el Curso de Experto en Infancia y Adolescencia que imparte la Universitat de València. Me parece muy importante que se creen títulos y másteres de formación multidisciplinar sobre un área tan fundamental como la infancia y adolescencia.
Mi intervención consistió en incidir sobre aspectos prácticos de la Ley Penal Juvenil (ley 5/2000)y la violencia contra la infancia (ley 8/2021).
Por ello, decidí plantearles un solo supuesto práctico, una agresión sexual de un chico de 16 años a una chica de 16. La jurisdicción de menores le es aplicable al caso porque el supuesto infractor es menor de edad. Y toda la normativa referente a la violencia contra la infancia también, porque la víctima asimismo tiene menos de 18 años.
Les conté primero la versión dada por la víctima, y les hice a los alumnos y alumnas ponerse en su posición, para que determinaran los derechos que le amparan, las obligaciones que tiene en el proceso, las medidas de protección aplicables, y su derecho a ser reparada.
Y luego les conté la versión del menor denunciado, y les hice entonces colocarse en su lugar, para que pusieran de manifiesto sus derechos al ser denunciado y detenido (derecho de defensa y presunción de inocencia), la calificación jurídica de los hechos, la posible medida a imponer, así como las posibilidades de mediación.
Como ciudadanos, normalmente nos es más fácil colocarnos en la posición de la víctima, pero como operadores en el ámbito de la infancia y adolescencia, debemos saber posicionarnos en ambos lados, puesto que puede ser responsabilidad nuestra atender tanto al presunto infractor como a la víctima, y ambos tienen necesidad de intervención y derecho a recibir la mejor atención posible.
La semana pasada impartí una sesión en el Máster de Victimología que se cursa en la Universidad Católica.
Les explicaba a los alumnos que muchos delitos (de violencia doméstica, sexuales…) se cometen en la intimidad y por tanto, son muy difíciles de demostrar con pruebas ajenas al testimonio de quien ha sufrido el hecho dañoso. Pero tal y como establece el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, la declaración de la víctima puede ser suficiente como prueba de cargo para poder condenar al autor de un delito.
Para ello, el tribunal valorará la declaración de la víctima, dando relevancia a tres aspectos especialmente:
· la credibilidad del testimonio, la verosimilitud, con ausencia de motivos ajenos y espurios.
· la persistencia en la incriminación, manteniendo la misma versión a lo largo de todo el procedimiento.
· la existencia de corroboraciones periféricas, que son determinados detalles o aspectos que refuerzan el testimonio.
Pero la concurrencia de tales requisitos no es ni necesaria ni suficiente en todos los casos. El tribunal, en cada supuesto concreto, ha de hacer un proceso valorativo, teniendo en cuenta determinados parámetros, como son:
· la seguridad que demuestre la víctima al relatar lo sucedido.
· la concreción de su relato.
· la claridad expositiva, la expresividad, la seriedad.
· el lenguaje gestual.
· relato que incluya lo que favorece y también lo que perjudica.
Con todo ello, el tribunal valorará si el testimonio de la víctima, por sí solo, es suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia.
Probablemente Olivia se habrá ido haciéndose esa pregunta, si es que intuyó lo que su padre pretendía.
Su madre debe sentir un dolor tan profundo como el lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de su hija.
La violencia vicaria o instrumental es una de las más atroces expresiones de la violencia de género y probablemente la que más daño le haga a una mujer maltratada, sin ni siquiera tocarla.
En el ámbito de género, se ejerce sobre los hijos e hijas con el objetivo de someter, amenazar, y hacer daño a la mujer.
Cada vez hay una mayor conciencia de que los menores son víctimas directas del maltrato, porque sufren violencia vicaria, porque han presenciando la violencia contra su madre, o porque conviven con el maltratador.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la Ley de Protección a la Infancia la tienen presente. En breve, entrará en vigor que el juez suspenderá el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por VG y haya indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.
Aún así, queda mucho por hacer. La violencia vicaria debería recogerse expresamente en nuestra legislación penal, más allá del delito de daño psíquico.
A Olivia y a Anna no hemos podido protegerlas.
Un indulto es una medida de gracia por la cual la Autoridad perdona a una persona toda o parte de la pena a la que ha sido condenada.
Son competencia del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.
El tribunal que ha juzgado debe pronunciarse previamente, aunque su informe no vincula.
Se diferencia de la amnistía en que en la misma se perdona el delito y afecta a una pluralidad y en el indulto, que es individual, lo que se evita es el cumplimiento de la pena impuesta, pero se sigue considerando culpable al condenado.
En los últimos años, se han concedido menos de 50 indultos al año, de los miles que se solicitan.
Se puede conceder el indulto por cualquier delito, siempre que el condenado no sea reincidente. La ley no exige arrepentimiento.
El indulto es irrevocable.
Los motivos para su concesión son la justicia, equidad, la proporcionalidad y la conveniencia pública.
Estamos seguros de que nunca hemos hecho nada en este terreno que pueda ser delictivo?
La conducta recogida en el artículo 197.7 del Código Penal es comúnmente conocida como sexting, término que aúna las palabras sex y texting.
Consiste en difundir, revelar o ceder a terceros, sin consentimiento, imágenes o grabaciones obtenidas con anuencia. Es decir, si A le envía a B unas fotos de contenido erotico, dentro de una relación de confianza, B cometerá delito si difunde dichas fotos sin permiso de A, a pesar de que A las envíe de forma voluntaria. La conducta no incluye textos ni audios.
Para que sea delito es necesario que la conducta lesione gravemente la intimidad de A. Por tanto, si A publica ese tipo de fotos habitualmente en sus redes sociales, se entenderá que no hay lesión del bien jurídico protegido y no habrá delito.
Observad que el delito se refiere a la intimidad y aunque siempre lo relacionamos con el sexo, podría cometerse el delito si, por ejemplo, A envía unas fotos a B en la que se observan lesiones por haber sido maltratada y B sin consentimiento, las difunde. Igualmente si le envía, por ejemplo la grabación de cuando dio a luz a su hijo.
En el tipo delictivo no hay distinción de género. Es decir, A y B pueden ser indistintamente hombre o mujer.
Nos surge la pregunta: comete delito C si reenvía las fotos que le ha remitido B sin consentimiento de A?
La doctrina y la jurisprudencia está dividida pero la opinión más generalizada es que no, porque el tipo delictivo no lo recoge expresamente.
Normalmente tendemos a relativizar las conductas que se cometen por vía telemática, sin darnos cuenta de que puede cometerse el delito con un simple click.
Muy honrado por haber sido invitado a participar como ponente en el Seminario Internacional de «Derecho digital y nuevas tecnologías: Desafíos para el mundo jurídico». Organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. Gracias en especial a Christian Vidal Beros.
A ti, el mundo digital te genera expectativas o te produce inquietud?
Hace unos días participé en una mesa redonda que analizaba los ya más de 20 años de la ley penal del menor (LO 5/2000). Y decidí para ello, aplicarle una herramienta de análisis como es el DAFO.
Y desde esa perspectiva:
DEBILIDADES: el doble enjuiciamiento en los casos en los que los infractores son algunos mayores de edad y otros menores, lo que implica sentencias diferentes e incluso contradictorias.
AMENAZAS: el progresivo endurecimiento de la ley, y la excesiva tendencia a la conformidad.
FORTALEZAS: la inclusión de la mediación como medio para la resolución del conflicto; el principio de flexibilidad que impera en el procedimiento; la libertad vigilada; y la valoración que hace el equipo técnico de las circunstancias personales y sociales de los menores, y que permiten determinar la medida adecuada.
OPORTUNIDADES: cabe desarrollar aún más las medidas de medio abierto que se ofertan como respuesta a la infracción, siendo una alternativa al internamiento.
Considero que la ley es una herramienta proporcionada y eficaz con los adolescentes infractores, aunque socialmente se tenga la opinión de que existe impunidad para los delitos cometidos por menores de edad.
Cual es tu percepción?
Soy de los que piensan que permisos y el tercer grado no sólo son beneficios para el condenado sino también pueden serlo para la sociedad, puesto que su objetivo es favorecer la reeducación y evitar la reiteración en el delito.
Analizamos en un vídeo la afectación en la población penitenciaria de las medidas tomadas frente a la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2.