Hace unos días tuve la fortuna de intervenir como ponente en el Curso de Experto en Infancia y Adolescencia que imparte la Universitat de València. Me parece muy importante que se creen títulos y másteres de formación multidisciplinar sobre un área tan fundamental como la infancia y adolescencia.
Mi intervención consistió en incidir sobre aspectos prácticos de la Ley Penal Juvenil (ley 5/2000)y la violencia contra la infancia (ley 8/2021).
Por ello, decidí plantearles un solo supuesto práctico, una agresión sexual de un chico de 16 años a una chica de 16. La jurisdicción de menores le es aplicable al caso porque el supuesto infractor es menor de edad. Y toda la normativa referente a la violencia contra la infancia también, porque la víctima asimismo tiene menos de 18 años.
Les conté primero la versión dada por la víctima, y les hice a los alumnos y alumnas ponerse en su posición, para que determinaran los derechos que le amparan, las obligaciones que tiene en el proceso, las medidas de protección aplicables, y su derecho a ser reparada.
Y luego les conté la versión del menor denunciado, y les hice entonces colocarse en su lugar, para que pusieran de manifiesto sus derechos al ser denunciado y detenido (derecho de defensa y presunción de inocencia), la calificación jurídica de los hechos, la posible medida a imponer, así como las posibilidades de mediación.
Como ciudadanos, normalmente nos es más fácil colocarnos en la posición de la víctima, pero como operadores en el ámbito de la infancia y adolescencia, debemos saber posicionarnos en ambos lados, puesto que puede ser responsabilidad nuestra atender tanto al presunto infractor como a la víctima, y ambos tienen necesidad de intervención y derecho a recibir la mejor atención posible.
